Que una mujer muera durante el proceso de dar vida es una tragedia; cuando se debe a omisiones del Estado, es totalmente inaceptable, pues es una de las expresiones más violentas entre las agresiones que se cometen contra las mujeres.
María Ligia, indígena maya de 41 años, sufrió múltiples violaciones a sus derechos humanos, que derivaron en su muerte el 27 de enero de 2014, cuando cursaba un embarazo gemelar de 21 semanas. Su fallecimiento fue producto de un entramado de omisiones y deficiencias del sistema de salud, combinado con la discriminación que sufren las mujeres indígenas: 65 por ciento de las muertes maternas suceden dentro de las clínicas u hospitales del servicio federal o estatal de salud.
María Ligia no debió morir, Yucatán la dejó morir. El gobierno de Yucatán ha sido demandado por la familia de María Ligia y tanto el gobernador Zapata Bello como la Secretaría de Salud y los hospitales Comunitario de Peto y General Agustín O’Horán que no supieron cuidar su salud y su vida, deben cumplir con su obligación de evitar que mueran más mujeres por causas relacionadas con el embarazo.
